Pescadores artesanales de cerco, de Talcahuano/San Vicente mayoritariamente, Trabajadores de Flota y Plantas de la industria pesquera y de la AG PescaPyme (pequeñas y medianas empresas de servicio a la industria pesquera) de la Región del Biobío, se reunieron esta semana con el intendente Sergio Giacaman. Para los primeros días de la próxima se espera y confía haya un resultado de esta gestión.

Le solicitaron que expresara al ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, que es una necesidad urgente que el gobierno ponga suma urgencia al proyecto de prorrogar la entrada en vigencia de la Ley Jibia. La moción comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados y, de no avanzar positivamente, los pescadores artesanales de cerco y los pescadores industriales solo podrán capturar hasta el 17 de agosto.

El intendente valoró que los dirigentes que asistieron mostraron que representan bien, transversalmente, al mundo pesquero al concurrir, inéditamente, artesanales e industriales a presentar en unidad la problemática. Giacaman señaló que en el transcurso de la conversación escribió a algunos personeros como los ministros Chadwick y Ubilla y un par de subsecretarios con los que oficializará comunicación llamándolos por teléfono y también lo plantearíauerueros y al subsecretario Ubilla, comprometiéndose a mantener informados a los asistentes. «Tomo este tema, busco caminos con sentido de urgencia porque no da para agosto, tiene que ser ahora».

Entre algunos de la veintena de dirigentes asistentes estuvieron Juan Carlos González , Hugo Roa, Ricardo Flores y Eric Riffo (Embarcados en Flota Industrial) Juana Silva, Elena Fuentes, Robinson Cárcamo (Plantas) así como César Jorquera y Victoria Rubio, presidente y secretaria de Conapesca Chile, agrupación de pescadores artesanales con más de 80 embarcaciones y que representan más de mil puestos de trabajo directo en cuatro regiones del país. Además, numerosos dirigentes de distintos sindicatos como Felipe Salas, líder de los patrones de cerco.

Jorquera señaló que: «pedimos que la propuesta de prorrogar la entrada en vigencia de la ley, en estos momentos estamos trabajando y si empieza la moratoria al cerco para la jibia quedamos automáticamente cesantes. Los mil que representamos y en total, fácilmente, tres mil personas. La verdad y lo concreto es que esta ley no beneficia a nadie». Explicó que si deja de pescarse con arrastre de media agua y cerco no habrá historia para cuando se fije la cuota ORP entonces los poteros tampoco tendrán volumen importante.

Victoria Rubio dijo que: «a nosotros nos están expropiando, porque hay embarcaciones con autorización para pescar jibia con cerco y esta ley nos lo quita sin que nadie se haga cargo de algo que tanto nos cuesta, conseguir esas autorizaciones (…) el bien país que esta ley discriminatoria se prorrogue».

Los dirigentes artesanales señalaron no comprender porque hay quienes defienden la ley en circunstancias que las coordinadoras jibieras reciben recurso de los cerqueros y no tendrán cómo trabajar después.

El presidente de Tripulantes Hugo Roa expresó al intendente la urgencia de que el gobierno apoye la postergación, por ahora, porque hay miles de puestos de trabajo los que están en riesgo y que hay además una connotación nacional porque si entra en vigencia en agosto hay que tener presente que es lo más probable que en enero 2020 se fije la cuota/país en la Organización Regional de Pesca ORP y Chile llegará con escasa historia.

Eric Riffo, presidente de Motoristas, insistió en la necesidad de prorrogar o se desencadenará una ola de cesantía y de molestia entre pescadores y trabajadores y las familias de todos y, seguramente, que los laborales tengan que salir a la calle a defender el trabajo. Hizo ver, respecto de quienes se oponen a la prórroga: «que cuesta creer que los intereses económicos de dos cooperativas estén por sobre el trabajo de tanta gente, particularmente en la Región del Biobío».

Juan Carlos González, presidente de Capitanes, hizo ver que no se está solicitando que se derogue la ley sino que se postergue para entender mejor toda la problemática del tema. «Diré, bajo mi responsabilidad, que hoy hay quienes se han puesto el traje de pescador artesanal y no quieren que haya prorroga, sin las coordinadoras que no alcanzan a entender los alcances de esta ley de aplicarse el 17 de agosto. Son intereses mezquinos que no están pensando en el bien común sino en intereses particulares».

En esa línea Juana SIlva, presidenta de los Trabajadores de Planta, recalcó:»acá hay una situación real, cuando las empresas hablaron de despidos no fue amenaza sino lo que va a ocurrir por efecto de la ley. Y lo que queremos que se comprenda es que están dejando de lado miles de trabajo nuestros y a los verdaderos artesanales, a los que les afectará en otros recursos también. Hay algunos como el Condepp que van en contra de los verdaderos pescadores porque allí está Hernán Córtes, por mencionarlos, asesor del alcalde de Coronel, que no es pescador sino intermediario (que compra y vende pesca) al que el gobierno recibe y escucha aunque es un sector minoritario y no verdaderamente pescadores».