La representante del Bío Bío ofició al organismo contralor para que designen a un
funcionario encargado de fiscalizar las compras que realice la Delegación Presidencial.
Un oficio dirigido a la Contraloría General de la República envió esta mañana la diputada por la
Región del Bío Bío, Marlene Pérez, solicitando que puedan designar a un funcionario con
dedicación exclusiva para que se encargue de supervisar el correcto uso de los recursos públicos
que le asignaron a la Delegación Presidencial por motivo de los incendios forestales que afectan a
la zona.
Al respecto, la parlamentaria explicó que al decretarse Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe en el Bío Bío, las autoridades encargadas tienen la posibilidad de realizar distintas
compras y adquisiciones vía trato directo. Por lo mismo, y en virtud de una mayor transparencia,
aseguró que resulta “imprescindible” que se designe a un funcionario del órgano contralor.
“Si bien valoro que el Gobierno haya decretado Estado de Catástrofe en nuestra región, porque
nos permite llegar con la ayuda a los afectados de manera mucho más rápida, es fundamental que
no perdamos de vista el buen uso de los recursos públicos y la transparencia que debiese regir en
este tipo de proceso. No porque estemos en medio de una grave emergencia debemos olvidar que
debemos velar para que los recursos públicos sean bien utilizados, como lo establece la ley”,
manifestó la representante del Distrito 20.
En esa línea, la diputada Pérez explicó que “decidí oficiar a la Contraloría General de la República
para que designe a un funcionario con dedicación exclusiva al interior de la Delegación
Presidencial Regional del Bío Bío”, aclarando que “no se trata de una acción dirigida en contra del
Gobierno, sino muy por el contrario, el objetivo es que exista transparencia y claridad que todos
los recursos que se han designado para enfrentar la emergencia se utilicen como corresponde”.
“Hice esta solicitud formalmente a la Contraloría desde la Cámara de Diputados, haciendo énfasis
en que se debe fiscalizar no sólo las compras directas y adquisiciones que realicen las autoridades
regionales, sino que también se le haga un seguimiento al proceso hasta que la ayuda o el
beneficio termine llegando a los afectados. Esa va a ser la única manera de asegurarnos que los
recursos se utilizarán como corresponde y que la ayuda llegará a quienes realmente lo necesitan”,
reiteró Pérez.
