Asipes lamenta decisión de senadores y gobierno de votar reformas a la Ley de Pesca a puertas cerradas

Asipes resiente sorpresivo acuerdo entre senadores de Comisión de Pesca y Subsecretario del ramo respecto de Proyecto de Ley Corto.

El Gobierno y el Senado acordaron votar reformas a la Ley de Pesca a puertas cerradas, sin participación ni diálogo democrático con los actores pesqueros, analizó la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, tras lo ocurrido ayer en la Comisión Pesca del Senado.

El gremio advirtió, en nota de prensa,  que de manera imprevista se acordó en el Congreso fundir el Proyecto Corto del Gobierno con una serie de demandas del sector artesanal y votarlo el próximo lunes 17 de diciembre, lo que impedirá la participación y escucha de opiniones técnicas, científicas, gremiales o laborales. Recordemos que la convocatoria ya está en Tabla para el lunes, entre 14 y 15 horas.

Desde la Asipes se dijo que ya habían alertado sobre la exclusión de la mirada de la industria en este debate, al negarse reiteradamente audiencias solicitadas con miembros del Congreso y autoridades del Gobierno. “Pero nunca pensamos que también se nos negaría la posibilidad de dar nuestra opinión ante el mismo Congreso, que es el lugar donde deben ser escuchados todos los actores cuando se tramitan leyes tan importantes como esta”.

Recordaron que la Asipes representa al sector pesquero industrial de la zona centro sur y que lamentan estee sorpresivo acuerdo entre el Gobierno y la Comisión de Pesca del Senado que permitió unificar en una sola iniciativa legal el denominado “Proyecto de Ley de Pesca Corto” que impulsa el Ejecutivo y una serie de demandas artesanales que representaban los senadores de la Comisión. Este nuevo proyecto será votado sin participación alguna de los sectores involucrados y afectados, el próximo lunes, se reiteró.

Macarena Cepeda Godoy, preesidenta de Asipes, dijo que “lo ocurrido es muy grave, pues subyace una premura muy difícil de explicar para acordar una votación y que además el acuerdo incluye la decisión explícita de no escuchar a los técnicos y expertos en temas de pesca, como tampoco de conocer la opinión de abogados y juristas en la discusión de este proyecto de ley.”

“Más allá de las legítimas diferencias en torno a cuál debe ser la más adecuada legislación de pesca que tengamos como país, es inconcebible que se censure a los actores, técnicos y académicos que mejor conocen esta actividad, impidiéndoles siquiera ser escuchados de manera previa y renunciando así a la posibilidad de que se enriquezca el debate con miradas y aportes diferentes”, aseveró la ejecutiva y agregó que esto es la confirmación que lamentablemente han primado intereses políticos por sobre los criterios técnicos, que son fundamentales al legislar sobre recursos naturales.

Exclusión de un sector

La presidenta de la Asipes explicó que “ya habíamos alertado sobre la exclusión de la mirada de la Pesca Industrial en este debate, al negarnos las reiteradas audiencias solicitadas con miembros del Congreso y autoridades del Gobierno. Pero nunca pensamos que también se nos negaría la posibilidad de dar nuestra opinión ante el mismo Congreso, que es el lugar donde deben ser escuchados todos los actores cuando se tramitan leyes tan importantes como esta”.

“Habla muy mal de nuestro debate político y legislativo, que en la tramitación de las leyes, y más todavía cuando se trata de materias extraordinariamente sensibles para nuestra economía, el empleo y el desarrollo del país, pero que además se trata de reformas cuyo fundamento ha sido fuertemente criticado por organismos técnicos nacionales e internacionales, al punto que la decisión adoptada pareciera ser una forma rápida y fácil de negar la contundente evidencia técnica sobre esta materia”, manifestó la presidenta del gremio pesquero industrial.

Por último, dijo que “sinceramente no entendemos como, por una parte, las autoridades económicas del país se esfuerzan en transmitir optimismo y confianza sobre la marcha de nuestra economía y la evolución del desempleo; y, por la otra, representantes del mismo gobierno avalan procedimientos como éste, el que sólo generan incertidumbre y desconfianza en inversionistas, las empresas y sus trabajadores”.

 

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