En la Región del Biobío hay un problema de blanqueo en pesca. Así lo reconoce el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca, Afus Eduardo Fuentes. Consultado por Entramar respecto de irregularidades de las que se rumora con frecuencia en círculos allegados a la pesca, en la zona, como el blanqueo y otras, indicó que los: “datos duros de esto debe entregarlos la Dirección Nacional del servicio, pero efectivamente tenemos un problema con el blanqueo de pesca”.

Añadió que, por ejemplo, en la Región del Biobío la flota que por ley está obligada a ser certificada por una empresa externa, entrega en sus desembarques un porcentaje de entre 80 a 90% de pesca objetivo (sardina común y anchoveta) y sólo un 10% o menos de fauna acompañante (bacaladillo o mote, tritre o pampanito) recursos que actualmente no están sujetos a cuota.

En cambio, en aquella flota que no está obligada a certificar sus desembarques la proporción es exactamente inversa: declaran sólo un 10 % o 20% de especies objetivo, y un 80% de fauna acompañante.

Esto ocurre, dijo, porque actualmente no tenemos una cantidad de funcionarios/as que permita estar controlando el 100% de los desembarques de la flota pelágica, entonces estos armadores realizan este subreporte para que se les descuente menos cuota y en la práctica lo que hacen es esconder irresponsablemente un mayor esfuerzo pesquero, y afectan la sustentabilidad de los recursos.

Es una de las razones de la cruzada de la Afus para que se tramite con celeridad y promulgue antes de fin de año el Proyecto de Modernización del Sernapesca, que ingresó en 2015 al Parlamento.

Investigaciones en desarrollo
En relación a lo señalado al inicio: ¿ Cuántos son esos armadores que subreportan y en cuánto se estima las utilidades que obtuvieron esta temporada?

El número de armadores involucrados en esta práctica y las utilidades asociadas a este ilícito son actualmente materia de investigación y por ende no podríamos entregar mayores detalles al respecto, por el momento. De todos modos, nos gustaría enfatizar que de aprobarse la modernización, nos entregaría no sólo más capacidad funcionaria para supervisar los desembarques, sino también mayores facultades para perseguir la pesca ilegal a lo largo de toda la cadena productiva, en lo que llamamos las “etapas de post captura”, en otras palabras, perseguir no sólo al que pesca ilegalmente, sino también al que compra y comercializa esa pesca ilegal.

En el esfuerzo de buscar la aprobación del proyecto, una de las últimas acciones de los funcionarios es la elaboración de una carta, que está en proceso de firmas de apoyo, y que harán llegar a la Presidenta Bachelet, dirección del servicio, ministros, legisladores, candidatos a la Presidencia; representando la necesidad de acelerar la tramitación y aprobar antes de fin de año el documento.

Sanciones acorde a la realidad de las pesquerías
El presidente de la Afus destacó que este proyecto les da el marco regulatorio para hacer un eficaz control de la pesca ilegal, entregando nuevas herramientas a la institución y un esquema sancionatorio acorde a la realidad actual de las pesquerías.

De ahí que plantean a todos los chilenos que se interesen en el tema porque los esfuerzos que están realizando son para proteger nuestro mar y sus recursos. Los funcionarios recuerdan que las principales pesquerías del país se hallan en situación de colapso o sobreexplotadas, las algas están siendo arrasadas, y los funcionarios no dan abasto. Trabajan en situación de riesgo y han sufrido agresiones de parte de algunos fiscalizados.

Hay otros aspectos también relevantes para los más de mil funcionarios y sus familias, como la Asignación de Fiscalización, pero a la Afus le interesa sobremanera los cambios normativos a la Ley de Pesca, aumento de dotación, recuperar las funciones de certificación que ahora realizan empresas privadas.

¿Cuántos funcionarios deberían ser ustedes, ya que se reconoce necesidad de aumentar la dotación?

No es posible dar un número específico, porque este sector es muy fluctuante. Por ejemplo, el gobierno proyecta tener 1,6 millones de kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas para 2018, y eso pasa por mejorar las capacidades humanas y tecnológicas del servicio, pero si bien el proyecto de modernización considera un aumento en la dotación, diría que el foco no está puesto en ello, sino en mejorar nuestras capacidades de fiscalización, en reconocer nuestra labor fiscalizadora, y en elevar los estándares de seguridad con los que realizamos nuestro trabajo, protegiendo el rol social que cumplimos por mandato del Estado.

¿En cuánto crecerá la planta de funcionarios con la Ley de Modernización?

Se ampliará en 253 funcionarios, los que fundamentalmente se abocarán a realizar labores de certificación de desembarque, lo que aumentará el adecuado control de las cuotas autorizadas de pesca.

¿Cuántos de ellos se destinarían a Sernapesca con base en Talcahuano?

Aún no tenemos la definición clara desde el nivel central, pero estimamos que para realizar las acciones necesarias de Comercio Exterior y de Certificación de Desembarques no pueden ser menos de 100 nuevos funcionarios/as.

Unos pocos
¿Es el apoyo al combate a la pesca ilegal «el» plus de este proyecto de ley?

Así es, este proyecto de modernización nos entrega el marco regulatorio para hacer un eficaz control de la pesca ilegal, entregando nuevas herramientas a la institución y una marco sancionatorio acorde a la realidad actual de las pesquerías.

¿Cómo describiría el problema desde su posición de presidente nacional de los funcionarios y fiscalizador, respecto de agentes de esta región? ¿Quiénes la hacen, sobre qué especies?

En este sentido, los datos duros de esta información no la vamos a entregar nosotros, esta responsabilidad es de la Dirección Nacional de la Institución, pero aquí no hablamos de toda la flota artesanal, sino de un grupo de armadores que están realizando acciones que van en contravención a la normativa pesquera.

¿Cuánta es la responsabilidad de las plantas que reciben, son algunas las que lo hacen o todas?

Las plantas pesqueras son responsables de acreditar la trazabilidad de los recursos pesqueros recibidos en sus instalaciones para las faenas de proceso, reducción y consumo humano, por lo que son los llamados a trabajar en conjunto con nuestra institución para evitar el blanqueo de pesca que es lo que está sucediendo hasta ahora. Entonces lo que ocurre es que hay un poder de compra que está dispuesto a pagar y comercializar con pesca ilegal, entonces desde la óptica de este proyecto, claramente desde el comercializador hay una co-responsabilidad directa respecto de la pesca ilegal.

¿Cuál es el grupo de interés que se opone al proyecto de ley de modernización? ¿Por qué no querrían ser controlados?

Hay un grupo de pescadores que está en contra del proyecto de ley, por diferentes razones: por el aumento de las sanciones, por la certificación de los desembarques, o por las nuevas herramientas sancionatorias como la asociación ilícita en las pesquerías.