Trabajadores de Flota, Plantas y Pymes de servicio, que laboran para la industria pesquera de la Región del Biobío, recibieron el apoyo del intendente, Jorge Ulloa, y el arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomalí, en su búsqueda de contener los graves efectos sociales que prevén provocarán cambios legislativos en curso.

En la Intendencia Regional se realizó una reunión con ambas autoridades, tras una solicitud de ello por parte del arzobispo, luego que el pasado día 17, los laborales mencionados conversaron con él respecto de la intranquilidad de cinco mil familias por la estabilidad en sus trabajos.

A la cita de ayer asistieron Juan Carlos González, Eric Riffo, Juana Silva, Yuri Salinas, presidentes de Capitanes, Oficiales Motoristas, Trabajadores de Plantas en Fesip y PescaPyme AG, respectivamente, así como el director de esta AG, Juan Peñailillo.

Los trabajadores entregaron un documento con su propuesta de Plataforma Social, lo que el intendente aseguró que entregará a las instancias correspondientes; mientras que el arzobispo Fernando Chomalí comprometió invitar al subbsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, a una reunión para dialogar sobre la temática pesquera con los dirigentes laborales del sector y, más adelante, con los parlamentarios de la región: “para pensar en grande, Chile es un país marítimo y evidentemente un proyecto de ley tiene que hacerse siempre en función de las personas (…)” señaló al término de la cita.

En representación de todos los dirigentes asistentes Juan Carlos González, expresó que la inquietud de los trabajadores y sus cinco mil familias es tanto por los efectos del Proyecto Jibia como el del llamado Ley Corta. El primero ya está en las últimas etapas de tramitación, hoy (29 de octubre) cerraba el plazo de indicaciones y a lo que apunta es a obligar a usar solamente línea de mano para capturar jibia, lo que sacaría de operación los barcos industriales y rebajaría la cantidad de mano de obra ocupada en plantas. El Proyecto Ley Corta es un cambio en la ley: “y es el cuarto cambio en la legislación del sector y nosotros, los trabajadores, sabemos que nunca el trabajador ha sido el centro y cada vez perdemos puestos de empleo y calidad de éste”. González insistió en que buscan apoyo para que se legisle pensando en el hombre, el trabajador como centro, sin dejar obviamente afuera los intereses biológicos relacionados con el cuidado de los recursos del mar y los intereses económicos legítimos de una actividad.

El intendente Jorge Ulloa, de acuerdo a lo manifestado por los dirigentes tras la reunión, señaló –entre otras consideraciones- que les apoya en cuando significan trabajos permanentes, un número importante de personas con empleo estable y digno. La autoridad analizó con los asistentes el escenario actual del trámite de la Ley Jibia donde planteó opinión que no tiene explicación para que los parlamentarios de la Región del Biobío hayan votado favorablemente la propuesta que significa dejar trabajadores cesantes.

Riffo y González informaron que el intendente Ulloa expresó que este proyecto es un error mayúsculo más todavía cuando la industria tiene solamente el 20% de la cuota de jibia, frente al 80% del sector artesanal. Y que con el 20% la industria asegura la regularidad de la venta al exterior porque los artesanales no pueden mantener el ritmo de captura cuando las condiciones de tiempo no les da la autonomía suficiente siendo, explicó el intendente, el mayor drama es que no han alcanzado a capturar su cuota y la jibia va a ser incorporada en la Organización Regional de Pesca y si la situación se mantiene cuando llegue el momento de fijar la cuota/país en esa instancia internacional, Chile quedará disminuido.

Frente a las exposiciones de los laborales en relación a sus aprensiones por la pérdida de avances laborales que han obtenido con años de labor sindical y cesantía de miles de personas, ambas autoridades reconocieron que se trataría de un problema que, además de a los directos afectados, repercutiría en el Estado y es momento de detenerse a pensar con claridad.

Los dirigentes reconocieron que el ambiente social y político que se ha creado en contra de la pesca industrial, en que hay quienes califican a todo el que se acerca de corrupto, es errado, injusto y peligroso y que les resulta increíble que por ser ellos trabajadores de una actividad en que algunos cometieron deslices junto a algunos parlamentarios, se les quiera destruir a ellos y sus familias.